Tres semanas de terror a manos de la Mafia Veracruzana: asesinatos, extorsión y narcomantas

La crisis de seguridad en Veracruz evidencia que, en el norte del estado, los grupos criminales operan con una preocupante impunidad.

n menos de un mes, el norte de Veracruz ha sido escenario de una espiral de violencia: cuerpos desmembrados en la carretera Poza Rica-Cazones, un motín en el penal de Tuxpan con ocho muertos, un ataque dentro de un hospital y el asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz por negarse a pagar extorsiones. Todos estos crímenes, atribuidos a la Mafia Veracruzana en disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos, evidencian la ausencia de políticas de seguridad eficaces."

Si quieres, puedo prepararte tres versiones alternativas: una para prensa, otra para redes sociales y otra más descriptiva para un reportaje. Así tendrías opciones adaptadas según el medio.

Veracruz: el rostro de una guerra sin tregua

Veracruz es un punto estratégico para el comercio y, lamentablemente, también para el crimen. Conecta con siete estados y alberga uno de los principales puertos del país, rutas clave para el tráfico de drogas y personas. Pero la violencia en la entidad no es nueva. Roberto Álvarez Manso, sociólogo y maestro en política criminal de la Facultad de Estudios Superiores, recuerda los años más oscuros del estado. Entre 2010 y 2016, bajo el gobierno de Javier Duarte, se documentaron desapariciones, fosas clandestinas y confabulación entre autoridades y grupos delictivos.

“Hoy, la crisis proviene de un mapa criminal más fragmentado”, explica. Al menos cuatro grandes cárteles —el del Golfo, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sinaloa y del Noreste (antes Zetas)— operan en la entidad, complicando la dinámica criminal. “La escisión multiplica la violencia: son células más pequeñas e impredecibles”, advierte Álvarez.

El Grupo Sombra o Mafia Veracruzana, surgido hacia 2012 con exmiembros del Cártel del Golfo y Los Zetas, heredó de estos viejos cárteles los métodos de intimidación extrema. Recurre a lo que Álvarez describe como “exposición simbólica” de la violencia: narcomantas, incendios y videos amenazantes para sembrar terror. Al mismo tiempo, intentan normalizar su presencia con gestos de aparente ayuda: reparto de regalos y participación en fiestas patronales.

La extorsión es una de sus principales fuentes de ingresos. Las cuotas afectan desde campesinos y ganaderos hasta pequeñas y medianas empresas. El gremio de taxistas, clave como “ojos y oídos” en la calle, es uno de sus blancos favoritos. “Con la Mafia Veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe ser o van a terminar como yo”, advirtió la taxista y maestra jubilada Irma Hernández Cruz antes de ser asesinada.

Su caso, ocurrido el 24 de julio, conmovió al país: apareció muerta tras haber sido exhibida en un video rodeada de hombres armados. La gobernadora Rocío Nahle atribuyó el fallecimiento a un infarto provocado por el estrés del secuestro. Ante las críticas, llamó “miserables” a quienes —según ella— convirtieron el caso en un escándalo. Para Álvarez, esa respuesta alimentó la percepción de impunidad: “La ciudadanía espera empatía y firmeza, no desdén”.

En los días posteriores, cuatro personas fueron detenidas por el crimen, pero la violencia no dio tregua. En Tuxpan, otro taxista fue atacado; sobrevivió, pero al día siguiente un sicario disfrazado de familiar lo remató en el hospital, matando también a su padre. Poco antes, otro chofer había sido asesinado en la carretera Tuxpan–Cazones. Algunos conductores afirman tener que pagar cobro de piso a más de un grupo criminal.

La tensión alcanzó un pico con el motín del pasado sábado en el penal de Tuxpan: internos que denunciaban extorsiones y agresiones tomaron el control de áreas, incendiaron instalaciones y exigieron la presencia de defensores de derechos humanos y medios. El saldo: ocho muertos y diez heridos.

Al día siguiente, tres cuerpos desmembrados aparecieron sobre la carretera cerca de Papantla, junto a una narcomanta firmada por el Grupo Sombra. El mensaje incluía una lista de 30 vehículos presuntamente vinculados al CJNG, como parte de su guerra territorial. En la disputa participan también grupos más pequeños, como Los Piñas, centrados en los cobros de piso en la frontera Veracruz–Tamaulipas, una de las rutas más calientes del país.

Asesinatos, secuestros y ataques recientes confirman que las organizaciones operan con un alto grado de impunidad, sobre todo en zonas rurales y semiurbanas. En lugares como Álamo Temapache, Tuxpan o Poza Rica, la extorsión se ha vuelto una economía paralela. Se estima que casi siete millones de personas sufren extorsión al año, pero solo el 0.2% denuncia por miedo a represalias.

El 6 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentaron la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que prioriza ocho entidades —entre ellas Veracruz— donde se concentra el 66% de las denuncias. Sin embargo, para Álvarez el verdadero problema es la ausencia de una estrategia de largo plazo. “Se recurre a medidas de emergencia, como enviar a la Guardia Nacional para apagar incendios, pero no hay un plan integral. La estrategia debe ir de la prevención a la depuración policial”, concluye.